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sábado, 29 de mayo de 2010
La fiesta inolvidable
EDITORIAL - Revista ZOOM
La fiesta inolvidable
Por Carlos Benítez
Fueron cuatro jornadas de un baño de realidad, hasta llegar al tedioso día miércoles con el escamoteo mezquino de los medios hegemónicos. Ante el festejo histórico e inédito, intentaron no quedar muy descolocados pero igualmente mostraron la hilacha. Por ejemplo, el gran diario argentino hizo una tapa más o menos en sintonía con lo ocurrido, pero adentro se encargaron de tirar abajo todo.
La realidad es que ni el propio oficialismo y ni qué hablar de la oposición imaginó semejante marea humana y tanta buena onda en la celebración del Bicentenario. Una compañera decía que el pueblo se encontró a sí mismo. No hacía falta más que mirarse a la cara en esos días y es verdad: te reconocías en el otro.
Cuando se cantó el himno, a mí me tocó vivir algo nunca vivido. En un momento casi mágico, muchos estábamos tomados de la mano para entonar la canción patria. Lo mismo cuando íbamos para Plaza de Mayo por Diagonal Norte cantando la marcha de San Lorenzo: juro que no había ningún autoritario K apretando para que lo hagamos.
Claramente, el gran opositor argentino intentará despolitizar, lavar, licuar este gran acierto del gobierno nacional. Después del 28 de junio de 2009, el Ejecutivo llamó a la oposición a conformar una comisión para los festejos del Bicentenario. El vacío de aquel entonces tiene hoy la respuesta a la vista. Eso por no tener una mínima independencia de los poderes fácticos. No solo no vieron venir ese sentimiento que iba a salir y a expresarse: tampoco apostaron por él. El gran opositor les vendió que la gran crispación que azotaba a la sociedad la haría rechazar de lleno cualquier cosa que viniera de este oficialismo en decadencia. Lo único que había que hacer era sentarse y esperar. Grave error.
Es complejo mirar con claridad desde esta euforia popular el escenario de octubre de 2011. Aun falta una eternidad. Nadie en su sano juicio piensa que esta celebración asegura nada, pero sí puede ir marcando una tendencia, y sin duda derribando mitos. Como el del malhumor omnipresente. Lo leí ayer y es cierto: ni una denuncia de altercado, ni una vidriera rota. Tampoco nadie pudo registrar manifestaciones anti K ni espontáneas ni organizadas en medio de la muchedumbre. Y seguro que habría anti K entre tantísima gente.
Dependerá de la sabiduría de este gobierno el poder seguir acertando en las medidas que tome. Si el gran opositor argentino sigue marcándole la línea a los personajes que fingen de oposición política, los seguirá desdibujando. Se verá. Lo que es seguro es que nada ni nadie podrá robarnos la fiesta popular que vivimos en estos días de mayo de 2010 y que recordaremos durante mucho, mucho tiempo.
domingo, 23 de mayo de 2010
Operación amnistía
Un grupo de presión reclama una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de sostener lo contrario. El grupo fue creado por la Corporación de Abogados Católicos que depende del Episcopado. Lo forman abogados de multinacionales y ex funcionarios de la dictadura que temen seguir los pasos de James Smart y Joe Martínez de Hoz. El acto del martes en la Catedral apunta en la misma dirección.
Por Horacio Verbitsky
La semana pasada una nueva “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia” remitió una carta pública a la Corte Suprema de Justicia. Sostiene que desde 2003 se ha consagrado una justicia de dos velocidades que niega derechos y principios esenciales “a los militares y fuerzas de seguridad empleados para combatir el terrorismo”, quienes son juzgados por delitos de lesa humanidad “que no existían como tales al momento de los hechos”. Interpreta que los ministros de la Corte sufren “inícuas presiones” por parte del Poder Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de “grupos de presión” que “pretenden convertir la justicia en su propia venganza” y “no contentos con haber conseguido en los estrados judiciales un derecho ínfimo a sus enemigos, ahora van por más”. Esa es una ostensible referencia a los avances de las investigaciones en dirección a los responsables civiles, como los ya detenidos James Smart y Joe Martínez de Hoz.
La Corporación
Este nuevo grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935. La sede de la Corporación figura donada por la compañía Pérez Companc, una de las pantallas de negocios del Episcopado. El propósito que declara la Corporación es ordenar los actos de las personas y de la sociedad según los dictados de la jerarquía católica, que conduce al organismo a través de un asesor espiritual, en este momento el monseñor Víctor Pinto. También se propone convertir las normas del llamado derecho natural de esa iglesia en leyes y actos de gobierno y defender a sus socios. Creada para sumar a sectores liberales y para no dejar demasiado a la vista la huella episcopal, la nueva Asociación está formada por dirigentes de Fores y del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, como sus ex presidentes Enrique V. Del Carril y Eugenio Aramburu, abogados de grandes empresas trasnacionales, ex funcionarios de la dictadura, partícipes en los alzamientos armados contra los gobiernos constitucionales y familiares de algunos detenidos por los delitos cuyo juzgamiento impugnan. Su presidente, Alberto Solanet, también lo fue de la Corporación. El propósito del grupo, explicitado por Solanet, es “una amnistía general”, que clausure “la venganza, la persecución implacable”. Esa fue la expresión que usó Martínez de Hoz para referirse a su detención. Sus hijos pretenden que fue dispuesta por el gobierno nacional como trofeo del Bicentenario, algo que no se sostiene en ninguna constancia de la causa. Otro de los firmantes es Eduardo Bieule, el actual presidente de la Corporación y su ex vocal Fernando Miguel Bosch. Bieule y Octavio Schindler, quien también suscribe la carta a la Corte Suprema, se niegan a reconocer la igualdad de derechos a quienes siguen una orientación sexual distinta a la mayoritaria y activan en contra de la reforma de los artículos del Código Civil sobre el matrimonio. Para los firmantes, “todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”, afirmación de inocultable tono autorreferencial.
Beautiful people
Un rubro nutrido entre los firmantes es el de los ex funcionarios de la dictadura, que temen
seguir la suerte de Martínez de Hoz y Smart, o sus familiares. Entre ellos:
- Emilio Daireaux, fue uno de los miembros de la intervención militar en la Corte Suprema de Justicia a partir del golpe de 1976. Esa es la justicia que añora el grupo de presión.
- Alberto Rodríguez Varela, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y ministro de Justicia del dictador Jorge Videla. El general Ramón Camps le agradece en el prólogo de su libro Caso Timerman. Punto Final, “por su colaboración en este caso”, no “por el solo hecho de haber desempeñado funciones en el gobierno militar”.
- Edgardo Frola, fue subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Buenos Aires. Otro de los agradecidos por Camps en el mismo libro. Frola también fue abogado defensor del ex general Roberto Viola, del jefe carapintada Aldo Rico y de los los comisarios secuestradores y torturadores Samuel Miara y Luis Patti.
- Gastón Pérez Izquierdo, ministro de gobierno de Buenos Aires. Al concluir la dictadura acusó al canciller Dante Caputo de ¡”extorsión a los Estados Unidos”!
- Guillermo Walter Klein, fue segundo de Martínez de Hoz en el ministerio de Economía. La Comisión del Congreso que investigó la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad por 400 millones de dólares allanó su estudio. Por la puerta y la escalera de servicio escaparon los hijos de Martínez de Hoz y Mariano Grondona con dos valijas cargadas de documentación. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con Klein. Dos centenares de carpetas sustraídas por los juniors Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas y permitieron reconstruir también la fuga de capitales: el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa.
- Lucas J. Lennon, interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ministro de Justicia y luego defensor del último dictador, Benito Bignone, ya condenado. Miembro de la Corporación.
- Ricardo, Daniel y Marcelo Saint Jean, firmaron la carta en defensa de sus padres, los generales Manuel Ibérico y Oscar Alfredo Saint Jean, que fueron interventores el primero en la provincia de Buenos Aires y el segundo en el Ministerio del Interior. Fueron abogados del Banco Citi y de la banda de Camps y del comisario Miguel Etchecolatz.
- Bernardo José Menéndez firma como abogado, pero es un coronel del Ejército que actuó como subsecretario de interior con Galtieri. Este año fue condenado por cinco secuestros y un homicidio agravado, pero sigue en libertad hasta que el fallo sea confirmado por la Corte Suprema a la que se dirige denunciando falta de garantías para él y los suyos.
- José Ignacio Garona fue juez y camarista de San Isidro durante la dictadura y rechazó los recursos de hábeas corpus por los secuestrados del astillero Mestrina Jorge Omar Lezcano y Antonio Pandolfino. Fue defensor del ex brigadier Ramón Agosti. Un testigo mencionó entre sus compañeros de cautiverio a Rafael Carlos Eldestein. Garona le preguntó si sabía cuánto tiempo había pasado allí Celestein. “Eldestein”, corrigió el testigo. “¿Cuánto tiempo compartió la habitación con Silverstein?”, insistió Garona. Cuando el camarista Carlos Arslanian le deletreó el apellido, Garona farfulló: “Yo para ciertos nombres...”. Para eludir riesgos, repreguntó: “¿Cuánto tiempo estuvo con ese hombre?”
- Gustavo y Horacio Tomás Liendo, hijos del ministro de Trabajo de la dictadura, involucrados en el escándalo de la quiebra del Banco Comercial de La Plata, a través del cual canalizaba sus negocios el entonces arzobispo de esa ciudad Antonio Quarracino. Gustavo fue su gerente de Asuntos Legales. El BCLP había creado en el paraíso financiero de Bahamas un banco cáscara offshore, al que fueron a parar algunos bienes que reclamaba el Vaticano. Horacio Liendo (h.) también está bajo investigación judicial por el mecaganje de 2001.
- Orlando Gallo, ex juez federal durante la dictadura, también ex dirigente de la Corporación de Abogados Católicos, defensor de varios de los compañeros de Aldo Rico en los alzamientos carapintada.
- Norberto Quantin. Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede “inmiscuirse en la esfera política” si la patria sufre una “guerra revolucionaria”. La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de “posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad”. En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida. Este último dictamen contiene más provocaciones políticas que argumentos jurídicos y alega en forma maliciosa contra los principios generales del derecho que se oponen a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad: “¿Acaso en Francia, cuna de los derechos humanos, se aplican [esos principios] al general Aussaresses?”, quien reconoció haber practicado la tortura y ejecuciones sumarias en Argelia. “¿Acaso los ponen en práctica los Estados Unidos, gendarme del mundo? ¿Se ha marginado a Israel del derecho internacional?”. Claro que no, pero nadie los propondría como ejemplo.
Abogados de negocios
Otro grupo destacable es el de los abogados de grandes empresas, muchos de los cuales litigan contra el Estado en foros internacionales y denuncian una presunta falta de seguridad jurídica. Algunos defienden además a represores:
- Martínez de Hoz (h.) y Manuel Benites representaron ante el Ciadi a la compañía eléctrica chilena Enersis, que reclamaba a la Argentina 1800 millones de dólares, y a la petrolera alemana Wintershall, que pedía 480 millones. Ambos son directivos de la compañía aérea LAN, en representación de capitales chilenos y estadounidenses.
- Jaime Luis Anaya y José de San Martín fueron denunciados en un litigio entre accionistas de la empresa Aluar, de la que Anaya, que también integra la Corporación, era el abogado principal. Según la accionista Mónica Madanes el voto del camarista en lo comercial Manuel Jarazo Veiras habría sido comprado por Aluar, mediante la contratación de San Martín, íntimo del camarista, para una auditoría ajena a la causa. Jarazo renunció.
- Patricio Petersen fue denunciado por el ex secretario de juzgado comercial José Uriburu, por direccionar a favor del Opus Dei la venta de la quiebra del Hotel Presidente. El entonces juez Antonio Boggiano fue absuelto en un jury que presidió otro miembro de la organización confesional beneficiada, Abelardo Rossi, uno de los interventores en la Corte Suprema designados por la dictadura. Petersen integraba la sociedad fachada del Opus.
- Enrique Guillermo Avogadro, director de la liquidada compañía financiera Credibono.
- Carlos Bosch, abogado del Banco Central y del banco Ciudad durante el menemismo.
- José Luis Fourcade fue abogado del estudio Uriel O’Farrell, que tenía entre sus clientes a grandes empresas estadounidenses, como Ford, Goodyear, Procter & Gamble y Duperial.
- Pablo Rueda, quien se formó como abogado en el viejo estudio Marval O’Farrell, que tenía como principales clientes a Coca-Cola, Texas Instruments, Banco de Boston, Merrill Lynch y Refinerías de Maíz.
Los defensores
Aunque el grupo de presión diga que defiende personas y no “las demasías de ayer”, algunos firmantes han dado muestras en contrario:
- Fernando Goldaracena. Como codefensor del ex almirante Armando Lambruschini llegó a sostener que “es inaceptable apelar a la ética o la moral para calificar la guerra”. Citando a Macaulay adujo que “la moderación es una estupidez”.
- Oscar Igounet fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak. Defiende la disuasión por medio del terror. “Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra”. Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Memen, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la SIDE. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer detenido en el momento de cobrar 5000 dólares por la extorsión a un comerciante.
- Juan Aberg Cobo, defensor de Alfredo Ignacio Astiz y otros marinos y abogado de empresas norteamericanas. La declaración dice que no intentan “legalizar en actas judiciales una versión sesgada de la historia”, lo cual contradice las estrategias seguidas en la causa ESMA. Aberg Cobo se autodefine como “soldado ignaciano”, y no por su amigo Astiz.
- Juan Luis Gallardo y Gerardo Palacios Hardy, fueron columnistas habituales de la revista Gladius, dirigida por Rafael Breide Obeid y justificadora de la guerra sucia. Gallardo defendió los métodos represivos de la dictadura con un presunto cuento campero. Un comisario les pegó “tremenda marimba é palos” a los cuatreros y los hizo desaparecer. “Barbaridá, sí. Pero se acabó el cuatreraje.”
- Abel Parentini, quien debió renunciar como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por su defensa de la dictadura.
- Félix Dufourq. Junto con su hermano Esteban presentó el recurso judicial que impidió la proyección de la película La última tentación de Cristo. Ambos son hijos del ex juez de la dictadura Félix Esteban Dufourq, cesanteado por el gobierno constitucional de 1984 y fundador del partido Orden y Justicia “para defender a la Argentina cristiana que está en peligro de desaparecer”. Los Dufourq organizan la asistencia a las misas según el rito tridentino oficiadas por el ex obispo castrense Antonio Baseotto y las visitas a los militares detenidos en Marcos Paz y al sacerdote Christian von Wernich, cuya condena a prisión perpetua fue confirmada esta semana por la Corte Suprema, sin que la Iglesia le aplique una sanción canónica.
- Bobby Roth, secretario legal y técnico de la presidencia durante la dictadura de Onganía.
- Guillermo Moreno Hueyo, socio de Solanet, fue funcionario y defensor de De la Rúa.
- Enrique Munilla, defensor de Galtieri, era abogado del Banco General de Negocios de los hermanos Rohm. La jueza María Servini pidió indagarlo por las conversaciones telefónicas con un directivo prófugo, pero no le fue permitido, para garantizar el derecho de defensa que según dice el grupo de presión no se respeta.
- Augusto José Padilla fue candidato a diputado por el Modin de Aldo Rico, antes de que Eduardo Duhalde lo comprara.
- Federico Young, otro ex juez de la dictadura, debió renunciar a un cargo jerárquico en el gobierno
porteño de Maurizio Macrì, cuando se denunció que, entre otros represores, había contratado al teniente coronel Enrique Jordana Testoni, juzgado en Rosario en una causa que lleva su nombre.
A pesar de sus contactos internacionales y su presunta sofisticación, los abogados de la asociación por la justicia y la concordia son provincianos ignorantes de lo que ocurre en el mundo: el lunes 17 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó una condena por crímenes de guerra cometidos en 1944 por un ex militar soviético que hoy tiene 87 años y dijo que esos delitos ya eran imprescriptibles entonces.
La Corporación
Este nuevo grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935. La sede de la Corporación figura donada por la compañía Pérez Companc, una de las pantallas de negocios del Episcopado. El propósito que declara la Corporación es ordenar los actos de las personas y de la sociedad según los dictados de la jerarquía católica, que conduce al organismo a través de un asesor espiritual, en este momento el monseñor Víctor Pinto. También se propone convertir las normas del llamado derecho natural de esa iglesia en leyes y actos de gobierno y defender a sus socios. Creada para sumar a sectores liberales y para no dejar demasiado a la vista la huella episcopal, la nueva Asociación está formada por dirigentes de Fores y del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, como sus ex presidentes Enrique V. Del Carril y Eugenio Aramburu, abogados de grandes empresas trasnacionales, ex funcionarios de la dictadura, partícipes en los alzamientos armados contra los gobiernos constitucionales y familiares de algunos detenidos por los delitos cuyo juzgamiento impugnan. Su presidente, Alberto Solanet, también lo fue de la Corporación. El propósito del grupo, explicitado por Solanet, es “una amnistía general”, que clausure “la venganza, la persecución implacable”. Esa fue la expresión que usó Martínez de Hoz para referirse a su detención. Sus hijos pretenden que fue dispuesta por el gobierno nacional como trofeo del Bicentenario, algo que no se sostiene en ninguna constancia de la causa. Otro de los firmantes es Eduardo Bieule, el actual presidente de la Corporación y su ex vocal Fernando Miguel Bosch. Bieule y Octavio Schindler, quien también suscribe la carta a la Corte Suprema, se niegan a reconocer la igualdad de derechos a quienes siguen una orientación sexual distinta a la mayoritaria y activan en contra de la reforma de los artículos del Código Civil sobre el matrimonio. Para los firmantes, “todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”, afirmación de inocultable tono autorreferencial.
Beautiful people
Un rubro nutrido entre los firmantes es el de los ex funcionarios de la dictadura, que temen
seguir la suerte de Martínez de Hoz y Smart, o sus familiares. Entre ellos:- Emilio Daireaux, fue uno de los miembros de la intervención militar en la Corte Suprema de Justicia a partir del golpe de 1976. Esa es la justicia que añora el grupo de presión.
- Alberto Rodríguez Varela, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y ministro de Justicia del dictador Jorge Videla. El general Ramón Camps le agradece en el prólogo de su libro Caso Timerman. Punto Final, “por su colaboración en este caso”, no “por el solo hecho de haber desempeñado funciones en el gobierno militar”.
- Edgardo Frola, fue subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Buenos Aires. Otro de los agradecidos por Camps en el mismo libro. Frola también fue abogado defensor del ex general Roberto Viola, del jefe carapintada Aldo Rico y de los los comisarios secuestradores y torturadores Samuel Miara y Luis Patti.
- Gastón Pérez Izquierdo, ministro de gobierno de Buenos Aires. Al concluir la dictadura acusó al canciller Dante Caputo de ¡”extorsión a los Estados Unidos”!
- Guillermo Walter Klein, fue segundo de Martínez de Hoz en el ministerio de Economía. La Comisión del Congreso que investigó la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad por 400 millones de dólares allanó su estudio. Por la puerta y la escalera de servicio escaparon los hijos de Martínez de Hoz y Mariano Grondona con dos valijas cargadas de documentación. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con Klein. Dos centenares de carpetas sustraídas por los juniors Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas y permitieron reconstruir también la fuga de capitales: el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa.
- Lucas J. Lennon, interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ministro de Justicia y luego defensor del último dictador, Benito Bignone, ya condenado. Miembro de la Corporación.
- Ricardo, Daniel y Marcelo Saint Jean, firmaron la carta en defensa de sus padres, los generales Manuel Ibérico y Oscar Alfredo Saint Jean, que fueron interventores el primero en la provincia de Buenos Aires y el segundo en el Ministerio del Interior. Fueron abogados del Banco Citi y de la banda de Camps y del comisario Miguel Etchecolatz.
- Bernardo José Menéndez firma como abogado, pero es un coronel del Ejército que actuó como subsecretario de interior con Galtieri. Este año fue condenado por cinco secuestros y un homicidio agravado, pero sigue en libertad hasta que el fallo sea confirmado por la Corte Suprema a la que se dirige denunciando falta de garantías para él y los suyos.
- José Ignacio Garona fue juez y camarista de San Isidro durante la dictadura y rechazó los recursos de hábeas corpus por los secuestrados del astillero Mestrina Jorge Omar Lezcano y Antonio Pandolfino. Fue defensor del ex brigadier Ramón Agosti. Un testigo mencionó entre sus compañeros de cautiverio a Rafael Carlos Eldestein. Garona le preguntó si sabía cuánto tiempo había pasado allí Celestein. “Eldestein”, corrigió el testigo. “¿Cuánto tiempo compartió la habitación con Silverstein?”, insistió Garona. Cuando el camarista Carlos Arslanian le deletreó el apellido, Garona farfulló: “Yo para ciertos nombres...”. Para eludir riesgos, repreguntó: “¿Cuánto tiempo estuvo con ese hombre?”
- Gustavo y Horacio Tomás Liendo, hijos del ministro de Trabajo de la dictadura, involucrados en el escándalo de la quiebra del Banco Comercial de La Plata, a través del cual canalizaba sus negocios el entonces arzobispo de esa ciudad Antonio Quarracino. Gustavo fue su gerente de Asuntos Legales. El BCLP había creado en el paraíso financiero de Bahamas un banco cáscara offshore, al que fueron a parar algunos bienes que reclamaba el Vaticano. Horacio Liendo (h.) también está bajo investigación judicial por el mecaganje de 2001.
- Orlando Gallo, ex juez federal durante la dictadura, también ex dirigente de la Corporación de Abogados Católicos, defensor de varios de los compañeros de Aldo Rico en los alzamientos carapintada.
- Norberto Quantin. Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede “inmiscuirse en la esfera política” si la patria sufre una “guerra revolucionaria”. La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de “posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad”. En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida. Este último dictamen contiene más provocaciones políticas que argumentos jurídicos y alega en forma maliciosa contra los principios generales del derecho que se oponen a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad: “¿Acaso en Francia, cuna de los derechos humanos, se aplican [esos principios] al general Aussaresses?”, quien reconoció haber practicado la tortura y ejecuciones sumarias en Argelia. “¿Acaso los ponen en práctica los Estados Unidos, gendarme del mundo? ¿Se ha marginado a Israel del derecho internacional?”. Claro que no, pero nadie los propondría como ejemplo.
Abogados de negocios
Otro grupo destacable es el de los abogados de grandes empresas, muchos de los cuales litigan contra el Estado en foros internacionales y denuncian una presunta falta de seguridad jurídica. Algunos defienden además a represores:
- Martínez de Hoz (h.) y Manuel Benites representaron ante el Ciadi a la compañía eléctrica chilena Enersis, que reclamaba a la Argentina 1800 millones de dólares, y a la petrolera alemana Wintershall, que pedía 480 millones. Ambos son directivos de la compañía aérea LAN, en representación de capitales chilenos y estadounidenses.
- Jaime Luis Anaya y José de San Martín fueron denunciados en un litigio entre accionistas de la empresa Aluar, de la que Anaya, que también integra la Corporación, era el abogado principal. Según la accionista Mónica Madanes el voto del camarista en lo comercial Manuel Jarazo Veiras habría sido comprado por Aluar, mediante la contratación de San Martín, íntimo del camarista, para una auditoría ajena a la causa. Jarazo renunció.
- Patricio Petersen fue denunciado por el ex secretario de juzgado comercial José Uriburu, por direccionar a favor del Opus Dei la venta de la quiebra del Hotel Presidente. El entonces juez Antonio Boggiano fue absuelto en un jury que presidió otro miembro de la organización confesional beneficiada, Abelardo Rossi, uno de los interventores en la Corte Suprema designados por la dictadura. Petersen integraba la sociedad fachada del Opus.
- Enrique Guillermo Avogadro, director de la liquidada compañía financiera Credibono.
- Carlos Bosch, abogado del Banco Central y del banco Ciudad durante el menemismo.
- José Luis Fourcade fue abogado del estudio Uriel O’Farrell, que tenía entre sus clientes a grandes empresas estadounidenses, como Ford, Goodyear, Procter & Gamble y Duperial.
- Pablo Rueda, quien se formó como abogado en el viejo estudio Marval O’Farrell, que tenía como principales clientes a Coca-Cola, Texas Instruments, Banco de Boston, Merrill Lynch y Refinerías de Maíz.
Los defensores
Aunque el grupo de presión diga que defiende personas y no “las demasías de ayer”, algunos firmantes han dado muestras en contrario:
- Fernando Goldaracena. Como codefensor del ex almirante Armando Lambruschini llegó a sostener que “es inaceptable apelar a la ética o la moral para calificar la guerra”. Citando a Macaulay adujo que “la moderación es una estupidez”.
- Oscar Igounet fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak. Defiende la disuasión por medio del terror. “Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra”. Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Memen, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la SIDE. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer detenido en el momento de cobrar 5000 dólares por la extorsión a un comerciante.
- Juan Aberg Cobo, defensor de Alfredo Ignacio Astiz y otros marinos y abogado de empresas norteamericanas. La declaración dice que no intentan “legalizar en actas judiciales una versión sesgada de la historia”, lo cual contradice las estrategias seguidas en la causa ESMA. Aberg Cobo se autodefine como “soldado ignaciano”, y no por su amigo Astiz.
- Juan Luis Gallardo y Gerardo Palacios Hardy, fueron columnistas habituales de la revista Gladius, dirigida por Rafael Breide Obeid y justificadora de la guerra sucia. Gallardo defendió los métodos represivos de la dictadura con un presunto cuento campero. Un comisario les pegó “tremenda marimba é palos” a los cuatreros y los hizo desaparecer. “Barbaridá, sí. Pero se acabó el cuatreraje.”
- Abel Parentini, quien debió renunciar como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por su defensa de la dictadura.
- Félix Dufourq. Junto con su hermano Esteban presentó el recurso judicial que impidió la proyección de la película La última tentación de Cristo. Ambos son hijos del ex juez de la dictadura Félix Esteban Dufourq, cesanteado por el gobierno constitucional de 1984 y fundador del partido Orden y Justicia “para defender a la Argentina cristiana que está en peligro de desaparecer”. Los Dufourq organizan la asistencia a las misas según el rito tridentino oficiadas por el ex obispo castrense Antonio Baseotto y las visitas a los militares detenidos en Marcos Paz y al sacerdote Christian von Wernich, cuya condena a prisión perpetua fue confirmada esta semana por la Corte Suprema, sin que la Iglesia le aplique una sanción canónica.
- Bobby Roth, secretario legal y técnico de la presidencia durante la dictadura de Onganía.
- Guillermo Moreno Hueyo, socio de Solanet, fue funcionario y defensor de De la Rúa.
- Enrique Munilla, defensor de Galtieri, era abogado del Banco General de Negocios de los hermanos Rohm. La jueza María Servini pidió indagarlo por las conversaciones telefónicas con un directivo prófugo, pero no le fue permitido, para garantizar el derecho de defensa que según dice el grupo de presión no se respeta.
- Augusto José Padilla fue candidato a diputado por el Modin de Aldo Rico, antes de que Eduardo Duhalde lo comprara.
- Federico Young, otro ex juez de la dictadura, debió renunciar a un cargo jerárquico en el gobierno
porteño de Maurizio Macrì, cuando se denunció que, entre otros represores, había contratado al teniente coronel Enrique Jordana Testoni, juzgado en Rosario en una causa que lleva su nombre.A pesar de sus contactos internacionales y su presunta sofisticación, los abogados de la asociación por la justicia y la concordia son provincianos ignorantes de lo que ocurre en el mundo: el lunes 17 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó una condena por crímenes de guerra cometidos en 1944 por un ex militar soviético que hoy tiene 87 años y dijo que esos delitos ya eran imprescriptibles entonces.
extraído de Página 12 del 23/05/10, exepto imagenes
domingo, 16 de mayo de 2010
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO SANMARTINIANO
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO SANMARTINIANO
De cara a la definición que la Corte Suprema de Justicia realizará el próximo MIERCOLES 19 de mayo, el plenario de la Coalición por una Radiodifusión democrática propone:
1. El día 19: difundir masivamente el documento DEFENDER LA DEMOCRACIA ES DEFENDER SUS LEYES.
En Capital Federal la CRD lo hará a través de una Conferencia de Prensa convocada para las 8.15 hs en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 485 Planta Baja a metros de Tribunales.
2. Durante ese día realizar una Vigilia hasta que se conozca el anunciado pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez conocida la posición de la Corte, en la Asamblea Nacional convocada para las 15 hs en la Asociación Argentina de Actores de Capital Federal, la CRD decidirá los pasos a seguir.
CONSIDERAMOS IMPORTANTE QUE LAS COALICIONES EN CADA LOCALIDAD ACOMPAÑEN ESTA INICIATIVA CON ACTIVIDADES SIMILARES U OTRAS QUE CONSIDEREN OPORTUNAS Y QUE HAGAMOS UNA CADENA NACIONAL DE MEDIOS
PARA DIFUNDIR:
1. LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LA MAÑANA del MIERCOLES 19
2. LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE EN ASAMBLEA DE LAS 15 HS.
La CRD confía en que la posición de la Corte Suprema de Justicia respetará la voluntad mayoritaria de los sectores involucrados en la aprobación de la Ley 26.522, de la Presidencia de la Nación y las dos Cámaras del Congreso de la Nación.
De imponerse la opción planteada a la democracia en su conjunto por los grupos oligopólicos mediáticos y un puñado de jueces adictos a esos planteos, pondría a los argentinos en una posición de indefensión jurídica de graves consecuencias institucionales.
Por eso la Vigilia, por eso la prudencia, por eso la movilización y la difusión masiva de nuestro pronunciamiento: Defender la democracia es defender sus leyes.
Nos convocamos a difundir por todos los medios, al alcance de las organizaciones, para que el 19 de mayo el país sepa que con la democratización de los Medios se juegan los más elementales derechos que la democracia garantiza.
DECLARACION: “DEFENDER LA DEMOCRACIA ES DEFENDER SUS LEYES”
La Coalición por una radiodifusión democrática, integrada por representantes de organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, de los movimientos sociales, de Derechos Humanos, de emisoras y claustros universitarios, del movimiento cooperativista, de radios y canales comunitarias y pequeñas pymes, de los Pueblos Originarios, ciudadanas y ciudadanos en general, ha transitado un largo camino con un claro objetivo: La Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia.
Desde las plazas de todo el país, la Plaza de Mayo, del Congreso a Tribunales, las más de 300 organizaciones que integran este espacio multisectorial y plural, que redactara los 21 puntos, columna vertebral de la Ley 26522, nos movilizamos el 15 de abril para exigir que la Justicia “Libere la Palabra” y permitan la pluralidad de voces, la democratización de la “Comunicación Audiovisual” en la República Argentina, en definitiva que posibiliten que en nuestro país el Derecho Humano a la Comunicación sea un derecho de práctica efectiva.
Reclamamos por la inmediata aplicación de la Ley 26.522 de la democracia, que nos llevó 26 años conseguir.
Desde el año 1983, la mayoría de los partidos políticos llevaron en su plataforma el mandato de derogar el decreto - ley 22285 de radiodifusión de la dictadura. Recordemos también, que más de 73 iniciativas legislativas se presentaron en el Congreso de la Nación y que debido a la presión de los grupos monopólicos ninguna llegó siquiera a debatirse en el recinto.
Ante esta realidad más de 300 organizaciones se nuclearon en el año 2004 en la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” y elaboraron los “21 Puntos Básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia”. Este núcleo de coincidencias básicas fue tomado por la Presidenta de los argentinos para elaborar el anteproyecto de ley que presento en el teatro Argentino de La Plata el 18 de marzo de 2009.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se enriqueció con un amplísimo debate de la sociedad implementado mediante mecanismos de consulta pública, a través de Foros Regionales, coordinados con Universidades Nacionales, organizaciones de la sociedad, cámaras empresarias, sindicatos, asociaciones de radiodifusores y público en general.
El proceso de consulta pública incluyó una apertura sin precedentes, que abarcó también la recepción de aportes y documentos por vía electrónica o soporte digital, y la realización de más de 45 encuentros y actividades sobre el proyecto realizadas por distintas organizaciones sociales y universidades en todo el país.
El Relator Especial de Naciones Unidas Sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank R. La Rue, consideró de manera muy positiva, esta consulta pública y felicitó “… el proceso seguido para la elaboración de esta propuesta de Ley, pues pudo verificar personalmente en la Argentina, que la misma surge del documento de principios propuesto por organizaciones de la Sociedad Civil, y posteriormente fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Esto también constituye un gran precedente en materia de propuestas legislativas que estoy seguro el Congreso de la República sabrá valorar” dijo La Rue.
En síntesis, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación fue escrito por el Pueblo mismo.
Para garantizar una mayor contribución popular y participación de los Diputados Nacionales, la Comisión de Comunicaciones e Informática llamó a “Audiencia Pública”. Durante cuatro jornadas de ocho horas cada una; se inscribieron más de doscientos ponentes que realizaron importantes aportes que enriquecieron la letra y el espíritu del proyecto de ley; todo el que quiso presentarse pudo hacerlo libremente.
El día 16 de septiembre de 2009 se realizó la sesión “Especial” de la Cámara de Diputados de la Nación, para tratar el “Orden del Día” número 2005, el Dictamen de Mayoría y 4 (cuatro) Dictámenes de Minoría; cuyos autores son: a) Arturo M. Heredia. – Graciela Camaño.– María C. Cremer de Busti. – Irma A. García. – Marcelo E. López Arias. – Jorge L. Montoya; b) Silvana M. Giudici. – Gustavo Cusinato- – Miguel A. Giubergia. – Heriberto A. Martínez Oddone; c) Miguel A. Bonasso; d) José R. Brillo
La votación del dictamen de mayoría – con los aportes incorporados en el recinto – obtuvo una mayoría contundente: 147 votos a favor y 4 en contra.
En la Cámara Revisora, también se implementó un sistema de consultas a expertos y representantes de organizaciones, a la asistieron integrantes de todos los bloques políticos. Así se llegó al día 9 de octubre donde la sanción de diputados llegó al recinto. Con la presencia de todos los bloques político se votó, en la madrugada del 10 de octubre, obteniéndose 44 votos a favor y 24 en contra.
Como se puede apreciar ninguna ley fue tan estudiada, analizada, discutida como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; ninguna tuvo tanta participación popular en su elaboración. Intervinieron, cumpliendo el mandato constitucional, ambas cámaras: la de Diputados como cámara de origen y Senadores como revisora y en ésta última participaron y votaron todos los bloques políticos validando de esta forma todo el proceso político.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Justicia que se expida devolviendo ahora mismo al pueblo argentino, el derecho humano a la comunicación.
16/05/10
PERONISMO AUTÉNTICO Tucumán
De cara a la definición que la Corte Suprema de Justicia realizará el próximo MIERCOLES 19 de mayo, el plenario de la Coalición por una Radiodifusión democrática propone:
1. El día 19: difundir masivamente el documento DEFENDER LA DEMOCRACIA ES DEFENDER SUS LEYES.
En Capital Federal la CRD lo hará a través de una Conferencia de Prensa convocada para las 8.15 hs en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 485 Planta Baja a metros de Tribunales.
2. Durante ese día realizar una Vigilia hasta que se conozca el anunciado pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez conocida la posición de la Corte, en la Asamblea Nacional convocada para las 15 hs en la Asociación Argentina de Actores de Capital Federal, la CRD decidirá los pasos a seguir.
CONSIDERAMOS IMPORTANTE QUE LAS COALICIONES EN CADA LOCALIDAD ACOMPAÑEN ESTA INICIATIVA CON ACTIVIDADES SIMILARES U OTRAS QUE CONSIDEREN OPORTUNAS Y QUE HAGAMOS UNA CADENA NACIONAL DE MEDIOS
PARA DIFUNDIR:
1. LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LA MAÑANA del MIERCOLES 19
2. LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE EN ASAMBLEA DE LAS 15 HS.
La CRD confía en que la posición de la Corte Suprema de Justicia respetará la voluntad mayoritaria de los sectores involucrados en la aprobación de la Ley 26.522, de la Presidencia de la Nación y las dos Cámaras del Congreso de la Nación.
De imponerse la opción planteada a la democracia en su conjunto por los grupos oligopólicos mediáticos y un puñado de jueces adictos a esos planteos, pondría a los argentinos en una posición de indefensión jurídica de graves consecuencias institucionales.
Por eso la Vigilia, por eso la prudencia, por eso la movilización y la difusión masiva de nuestro pronunciamiento: Defender la democracia es defender sus leyes.
Nos convocamos a difundir por todos los medios, al alcance de las organizaciones, para que el 19 de mayo el país sepa que con la democratización de los Medios se juegan los más elementales derechos que la democracia garantiza.
DECLARACION: “DEFENDER LA DEMOCRACIA ES DEFENDER SUS LEYES”
La Coalición por una radiodifusión democrática, integrada por representantes de organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, de los movimientos sociales, de Derechos Humanos, de emisoras y claustros universitarios, del movimiento cooperativista, de radios y canales comunitarias y pequeñas pymes, de los Pueblos Originarios, ciudadanas y ciudadanos en general, ha transitado un largo camino con un claro objetivo: La Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia.
Desde las plazas de todo el país, la Plaza de Mayo, del Congreso a Tribunales, las más de 300 organizaciones que integran este espacio multisectorial y plural, que redactara los 21 puntos, columna vertebral de la Ley 26522, nos movilizamos el 15 de abril para exigir que la Justicia “Libere la Palabra” y permitan la pluralidad de voces, la democratización de la “Comunicación Audiovisual” en la República Argentina, en definitiva que posibiliten que en nuestro país el Derecho Humano a la Comunicación sea un derecho de práctica efectiva.
Reclamamos por la inmediata aplicación de la Ley 26.522 de la democracia, que nos llevó 26 años conseguir.
Desde el año 1983, la mayoría de los partidos políticos llevaron en su plataforma el mandato de derogar el decreto - ley 22285 de radiodifusión de la dictadura. Recordemos también, que más de 73 iniciativas legislativas se presentaron en el Congreso de la Nación y que debido a la presión de los grupos monopólicos ninguna llegó siquiera a debatirse en el recinto.
Ante esta realidad más de 300 organizaciones se nuclearon en el año 2004 en la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” y elaboraron los “21 Puntos Básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia”. Este núcleo de coincidencias básicas fue tomado por la Presidenta de los argentinos para elaborar el anteproyecto de ley que presento en el teatro Argentino de La Plata el 18 de marzo de 2009.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se enriqueció con un amplísimo debate de la sociedad implementado mediante mecanismos de consulta pública, a través de Foros Regionales, coordinados con Universidades Nacionales, organizaciones de la sociedad, cámaras empresarias, sindicatos, asociaciones de radiodifusores y público en general.
El proceso de consulta pública incluyó una apertura sin precedentes, que abarcó también la recepción de aportes y documentos por vía electrónica o soporte digital, y la realización de más de 45 encuentros y actividades sobre el proyecto realizadas por distintas organizaciones sociales y universidades en todo el país.
El Relator Especial de Naciones Unidas Sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank R. La Rue, consideró de manera muy positiva, esta consulta pública y felicitó “… el proceso seguido para la elaboración de esta propuesta de Ley, pues pudo verificar personalmente en la Argentina, que la misma surge del documento de principios propuesto por organizaciones de la Sociedad Civil, y posteriormente fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Esto también constituye un gran precedente en materia de propuestas legislativas que estoy seguro el Congreso de la República sabrá valorar” dijo La Rue.
En síntesis, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación fue escrito por el Pueblo mismo.
Para garantizar una mayor contribución popular y participación de los Diputados Nacionales, la Comisión de Comunicaciones e Informática llamó a “Audiencia Pública”. Durante cuatro jornadas de ocho horas cada una; se inscribieron más de doscientos ponentes que realizaron importantes aportes que enriquecieron la letra y el espíritu del proyecto de ley; todo el que quiso presentarse pudo hacerlo libremente.
El día 16 de septiembre de 2009 se realizó la sesión “Especial” de la Cámara de Diputados de la Nación, para tratar el “Orden del Día” número 2005, el Dictamen de Mayoría y 4 (cuatro) Dictámenes de Minoría; cuyos autores son: a) Arturo M. Heredia. – Graciela Camaño.– María C. Cremer de Busti. – Irma A. García. – Marcelo E. López Arias. – Jorge L. Montoya; b) Silvana M. Giudici. – Gustavo Cusinato- – Miguel A. Giubergia. – Heriberto A. Martínez Oddone; c) Miguel A. Bonasso; d) José R. Brillo
La votación del dictamen de mayoría – con los aportes incorporados en el recinto – obtuvo una mayoría contundente: 147 votos a favor y 4 en contra.
En la Cámara Revisora, también se implementó un sistema de consultas a expertos y representantes de organizaciones, a la asistieron integrantes de todos los bloques políticos. Así se llegó al día 9 de octubre donde la sanción de diputados llegó al recinto. Con la presencia de todos los bloques político se votó, en la madrugada del 10 de octubre, obteniéndose 44 votos a favor y 24 en contra.
Como se puede apreciar ninguna ley fue tan estudiada, analizada, discutida como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; ninguna tuvo tanta participación popular en su elaboración. Intervinieron, cumpliendo el mandato constitucional, ambas cámaras: la de Diputados como cámara de origen y Senadores como revisora y en ésta última participaron y votaron todos los bloques políticos validando de esta forma todo el proceso político.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Justicia que se expida devolviendo ahora mismo al pueblo argentino, el derecho humano a la comunicación.
16/05/10
PERONISMO AUTÉNTICO Tucumán
miércoles, 12 de mayo de 2010
Cátedras populares del Bicentenario "Comunicación y Proyecto Nacional"
Miercoles 12 de mayo
San Miguel de Tucumán
Cátedras populares del Bicentenario
"Comunicación y Proyecto Nacional"
La iniciativa “Cátedras Populares” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, invita a la charla debate sobre "Comunicación y Proyecto Nacional" donde se abordará la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y la incidencia de los medios en la constitución de la cultura de la sociedad argentina durante las últimas décadas.
De la misma participarán: Luis Lazaro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Maria Laura De Arriba, Diretora de la Carrera de Ciencias Comunicación de la UNT, Tina Gardela, profesora de las cátedras de Comunicación alternativa y Comunicación radiofónica de la UNT, Emanuel Gall del colectivo ABROJOS; y el coordinador nacional de Cátedras Populares, Daniel Ezcurra.
La jornada tendrá lugar el miércoles 12 de mayo, en la sede del Concejo Municipal Deliberante, sito en Monteagudo 100, San Miguel de Tucumán, a partir de las 16 hs.
Las Cátedras Populares recogen el legado de pensamiento nacional que marcaron durante la década del 70 las “Cátedras Nacionales” y que se que instalaron en la Universidad Nacional de Buenos Aires, haciendo hincapié en la importancia de producir un pensamiento propio alejado de las usinas intelectuales de poder, principalmente ubicadas en Europa y en los Estados Unidos.
Así, desde las mismas se promueve la complementación de conocimientos, tanto de orden académico como de los adquiridos por actores sociales y políticos a partir de su práctica militante. El objetivo es promover la articulación de ambos saberes, dar sustento y forma a la construcción de un proyecto Nacional y Popular, para beneficio de todos los argentinos.
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